La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció con el respaldo del Gobierno un proyecto de ley que busca calificar como infracción grave propagar tendencias y ‘adoctrinamiento político’ en las escuelas.
La autoridad expresó que «cuando este comportamiento se torna grave y reiterado las sanciones a los colegios puedan llegar incluso a la pérdida de reconocimiento oficial».
El proyecto será presentado por diputados a la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que se fundamenta en el Artículo 19, punto 11, donde se establece que «la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna».
Además, de acuerdo a la ministra, esto hace relación a la Convención de los Derechos del Niño, donde se estipula garantizar a los niños «su inocencia, libertad de pensamiento y de conciencia».
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¿Adoctrinamiento?
Según Cubillos, el ‘adoctrinamiento político’ lo definiría como “una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a un niño de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña es violento”.
Durante el último mes, informó que ha recibido ‘a diario muchas denuncias’ de casos de presunto ‘adoctrinamiento político’, por lo que decidió tomar medidas.
Hasta ahora, desde el ministerio asegurarn que han recibido 28 denuncias en las últimas dos semanas, donde tienen hasta videos de menores cantando consignas contra el presidente Sebastián Piñera y Carabineros, en patios y en salas de clase.
El ministerio incluso presentó estos registros para fundamentar su proyecto de ley.
Las multas que arriesgan los establecimientos que infringan la normativa sería de 28 millones de pesos.
Además, oficiarán a Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) para que interpongan medidas de protección para resguardar los derechos de los menores, ya que el «Mineduc no tiene facultades de fiscalización o sanción respecto de materias como la vulneración de derechos de la niñez, ni atribuciones para actuar directamente ante Tribunales de Justicia”.
