Tras el insólito momento que se dio en el matinal «Bienvenidos» protagonizado por el abogado Hermógenes Pérez de Arce y la animadora Tonka Tomicic, él junto a representantes del movimiento político Fuerza Nacional anunciaron que denunciarán a «Bienvenidos» a través del CNTV y también interpondrán una demanda civil contra Tonka y el canal.
Después de que la animadora le pidió al abogado que se retirara del estudio del programa este viernes por su polémicos dichos sobre la violación de Derechos Humanos perpetrada por Fuerzas del Orden en dictadura, el momento se hizo viral y fue sin duda el tema del día.
Recordemos que además esta tarde el empresario y dueño de Canal 13, Andrónico Luksic, tildó de equivocación el haber invitado a Pérez de Arce a «Bienvenidos».
Tras esto, el abogado junto a Fuerza Nacional emitieron un comunicado sobre el rechazo del actuar de la conductora y el matinal de Canal 13.
«Repudiamos enérgica y categóricamente la conducta intolerante, discriminatoria y antidemocrática de la Sra. Tonka Tomicic al expulsar del estudio de televisión al militante de Fuerza Nacional don Hermogenes Perez de Arce por sostener una opinión política distinta de la expresada por la mayoría de los panelistas del programa de televisión denunciado, situación que es legal, constitucional y éticamente inaceptable en un estado de derecho», decía parte del comunicado.
Además, el movimiento político anunció que le pedirán al CNTV que se suspendan las transmisiones de «Bienvenidos» por un lapso de siete días, para así lograr la “reparación publica de la honra y la imagen de don Hermógenes Pérez de Arce”.
Al referirse a la demanda civil en contra de la conductora y Canal 13, el comunicado estipula que apelarán a la «Ley Zamudio», por presunto caso de discriminación en contra de las opiniones vertidas por Pérez de Arce en el matinal.
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En una parte del comunicado, sostuvieron que las demandas son por «haberse incurrido en un acto de discriminación arbitraria, entendida como, toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República».
