Este jueves, el Gobierno reaccionó ante el duro informe emitido por Amnistía Internacional respecto a la situación de los Derechos Humanos en Chile.
Fue la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, quien tomó esta vez la vocería.
‘El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional. El cual, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para atacar a los manifestantes’, señaló la militante de Evópoli.
En ese contexto, Recabarren afirmó que ‘la única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los Derechos Humanos’, contradiciendo así la conclusiones de Amnistía Internacional.
‘El informe incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los Derechos Humanos’, agregó la subsecretaria.
Asimismo, indicó que ‘todos los casos que han sido denunciados están siendo investigados por la Fiscalía… Como lo señaló el Presidente de la República, no habrá impunidad’.
La respuesta
Tras estas declaraciones, Amnistía Internacional aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que sí solicitaron reuniones con el Ministro del Interior y con el Presidente Piñera. Sin embargo, no obtuvieron respuesta a ninguna de ellas.
https://twitter.com/amnistiachile/status/1197659368822587393
El informe
El informe de Amnistía, a través de imágenes, concluyó que militares hicieron uso de ‘armamento letal de manera indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos’.
De este modo, se determinó que ‘las fuerzas de seguridad, bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera, están cometiendo ataques generalizados. Usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta’.
Además, se identificó a personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros ‘disparando munición viva. Un tipo de armamentos que está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales’.
De acuerdo a este reporte, se recopilaron 23 casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos en Chile.