El Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó el uso normalizado de estos artefactos en manifestaciones.
Dicen que no hay una cura efectiva para quitar su desagradable olor ni su ardor en la nariz. Y es que el gas lacrimógeno se ha vuelto conocido por gran cantidad de personas en la última década tras miles de manifestaciones en nuestro país.
Sin embargo, este artefacto de disuasión utilizado por Carabineros tiene un alto costo para el Estado. Más de 2.300 millones de pesos en bombas lacrimógenas se han gastado desde las arcas fiscales desde 2011 al año pasado, siendo 2014 el año donde más se adquirieron este elemento.
Según informó La Tercera PM, en 2014 se gastaron 737 mil 196 dólares en 44 mil 951 cartuchos y 126 mil 498 dólares en 4.362 granadas, representando más del 25 por ciento del total del dinero destinado a este fin durante estos ocho años.
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En total, se han comprado 169 mil 841 artefactos, entre granadas y cartuchos, por un suma cercana a tres millones 389 mil 564 dólares (poco más de 2.306 millones de pesos chilenos). Gran parte de estos insumos fueron usados solo en Santiago, quedando en interrogante la cifra gastada en regiones.
Preocupación en el INDH
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representado por el jefe de la Unidad Jurídica-Judicial, Rodrigo Bustos, comentó que «de acuerdo a las observaciones de manifestaciones que ha hecho el INDH en los últimos años, en la mayoría de ellas se ha utilizado gases lacrimógenos, lo que es preocupante«.
El representante de la institución añadió que «los riesgos de la exposición a gases lacrimógenos han sido, según varias publicaciones, subestimados y se basan en datos epidemiológicos y mecanicistas humanos insuficientes. Los estudios indican, además, que el agua o la humedad aumentan fuertemente el efecto de las sustancias lacrimógenas».
«En este sentido, las observaciones del INDH registran sistemáticamente el rociado de agua previo a la diseminación del gas lacrimógeno«, finalizó.
