Tras un extenso debate de 12 horas, el Senado de Argentina decidió aprobar el aborto legal con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
La normativa establece un aborto legal hasta la semana 14 de gestación, y además estipula un plazo máximo de diez días entre la solicitud que ingresa la paciente y la realización de la intervención.
Esta iniciativa fue impulsada por el propio Presidente de Argentina, Alberto Fernández, dos años después que se rechazara el primer proyecto de ley.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández celebró la noticia:
‘El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política’, escribió el mandatario.
El aborto seguro, legal y gratuito es ley.
A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.
Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.
Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj— Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020
En detalle
La votación del Senado se dio a conocer esta madrugada, la cual desató festejos inmediatos en el país trasandino. De hecho, decenas de militantes feministas y activistas esperaron durante más de doce horas en las afueras del Congreso.
En concreto, la ley establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14ta semana de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal solo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.
Además, la ley contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de edad tendrán que ejercer los ‘derechos a través de sus representantes legales’.
También incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica. Sin embargo, establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar el procedimiento, deben remitir a las pacientes a otra institución.
Y por su parte, el médico no podrá alegar objeción de conciencia, en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.
Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo, en los términos comprendidos por la ley, estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.
Finalmente, la ley garantiza la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.
Con esto Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesas, entre los que no castigan el aborto en la región.