Este jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó el informe realizado tras visitar Venezuela en junio.
En la visita, la expresidenta de nuestro país se reunió en el palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, pero también visitó a familiares de detenidos y se entrevistó con autoridades de oposición
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En el informe, se lee que «sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno«. Además, se documentaron 135 casos de personas privadas arbitrariamente de libertad entre 2014 y 2019.
Recomendaciones
Michelle Bachelet pide en su informe adoptar las medidas necesarias «para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud». Además, solicita medidas para evitar y cesar la violación de derechos humanos.
#Venezuela – Ya esta disponible el informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre la situación de #DerechosHumanos en el país. El mismo será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos.
Acceda al informe 👉🏼 https://t.co/mP1zEqobVa
— OACNUDH (@OACNUDH) 4 de julio de 2019
Sobre las instituciones que deberían hacerse cargo de la protección a los derechos humanos, «como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos».
«Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones», destaca.
Según señala la Alta Comisionada en el informe, en las detenciones arbitrarias «se sometió a las mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsa de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas».
Cabe destacar que el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe de Bachelet, por considerar que ofrece «una visión distorsionada» de la situación en Venezuela.
