El pasado miércoles 3 de julio fue asesinada Camila Rojas Ayala, de 29 años, en su domicilio. La mujer había llegado desde Concepción a vivir a La Serena junto a su pareja y sus hijas. El suceso ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando Francisco Novoa, vecino colindante de Rojas, la apuñaló en reiteradas ocasiones.
Posterior a esto, se entregó en una comisaría y confesó que asesinó a una mujer. Por ello, está en calidad de imputado por homicidio calificado consumado y por homicidio frustrado, ya que una de las hijas de Rojas, de cinco años, resultó con heridas producto del altercado, pero fue protegida por su madre.
Novoa se encuentra en prisión preventiva mientras se realiza la investigación, quien también contaba con una causa por hurto.
Los hechos
El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana. Según las declaraciones, Francisco Novoa Ibaceta, de 40 años, ingresó a la casa de Rojas, proporcionándole 97 puñaladas. Posteriormente, se entregó en una comisaría a confesar su crimen. En paralelo, la hija Rojas, de 9 años, llamó a la dueña del lugar donde arrendaban. La mujer acudió hasta allí, donde encontró el cuerpo de Rojas. En ese momento, llamó a Carabineros, quienes acudieron a la casa.
Según lo informado por el fiscal Carlos Vidal Mercado el sujeto ingresó a la vivienda cargando un elemento cortopunzante con el fin de causar la muerte de la mujer. Él la atacó en reiteradas ocasiones «causándole un sufrimiento extremo e innecesario, que a horas de la madrugada se encontraban desarmadas, durmiendo, sin ninguna posibilidad de defenderse».
«A la víctima, Camila Rojas Ayala, le provocó 97 lesiones cortopunzantes (…), causándole la muerte», mencionó. Además, añadió que la hija de la víctima recibió «diversas heridas cortopuntantes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de la espalda, no logrando muerte por la defensa de su madre», complementó.
Según el argumento presentado por la Fiscalía, los hechos constituían un delito de homicidio calificado consumado y otro por homicidio calificado en grado frustrado. Debido a esto, el fiscal pidió la medida cautelar de 180 días de prisión preventiva. La solicitud fue aceptada por Alaín Maldonado, magistrado de la causa, por considerar que la libertad del sujeto representa un peligro para la sociedad.
